Político, filósofo y literato, nacido en La Paz el 1 de julio de 1930, vivió desde muy pequeño en Estados Unidos. Allí curso su educación escolar antes de pasar a la Universidad de Chicago, en Illinois.
Sánchez de Lozada retornó a Bolivia en 1951, con una serie de proyectos empresariales, coincidentemente su retorno se dio en vísperas del levantamiento revolucionario de abril de 1852. Se dedicó a la producción de cine, creo empresas como la Geo-services, dedicada a las prospecciones petroleras y la Compañía Minera del Sur que a partir de la mina Porco, le permitió amasar una enorme fortuna personal.
En 1979, a los 49 años comenzó su actividad política, fue diputado por Cochabamba, posteriormente fue Senador y presidente de la Cámara Alta. Fue Ministro de Planeamiento y Coordinación de Paz Estenssoro, desde ese cargo aplicó la política de estabilización económica post hiperinflación. Fue gestor del decreto 21060.
En 1988 fue nominado por el MNR candidato presidencial. Ganó las elecciones de 1989, pero perdió la presidencia en el Congreso. En 1993 volvió a ganar las elecciones y gobernó entre 1993 y 1997 aplicando el llamado Plan de Todos, un programa ambicioso de reformas estructurales neoliberales. Los tres pilares fundamentales del programa eran la capitalización, la participación popular y la reforma educativa.
La capitalización implicó la venta del 50 % de las acciones de las seis principales empresas del estado, YPFB, ENFE (ferrocarriles), ENDE (electricidad), ENAF (fundiciones), ENTEL (telecomunicaciones) y LAB (línea aérea). Este proceso representó un ingreso de 1.671 millones de dólares por el 50 % de esas empresas, el otro 50 % se destinó a inversión social directa traducida en acciones para todos los bolivianos mayores de 21 años en 1995 y en el pago a todos los mayores de 65 años de un bono anual individual denominado bonosol, que fue calificada por la oposición como electoralista.
La participación popular se transformó en una ley que implicaba la territorialización de los municipios (se establecieron 311 en el país), se repartieron fondos de la participación que salían de un 20 % de los ingresos nacionales y del 100 % de los ingresos municipales, los fondos del estado central se repartían en función de la población de cada municipio.
La reforma educativa estableció cambios administrativos, incluyó a los padres en el proceso de fiscalización, estableció la educación intercultural y bilingüe, la transversalidad del currículo y una racionalización en el magisterio. Las medidas fueron duramente combatidas por la oposición y el sindicalismo y obligaron a Sánchez a dictar el estado de sitio para imponerlas.
La administración de Sánchez de Lozada estableció la descentralización administrativa con la creación de consejos departamentales y la desaparición de las corporaciones de desarrollo, la reforma de pensiones y aprobó las reformas a la Constitución que incluyeron dos nuevos tribunales, el Constitucional y el Consejo de la Judicatura, además de la Defensoría del Pueblo, el mandato presidencial de cinco años y la mitad de los diputados elegidos uninominalmente. También se aprobó la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA).
Durante su gestión concluyó el juicio a Luis García Meza iniciado en 1986 e impulsado por el abogado Juan del Granado, con su condena a 30 años. A fines de 1996 su gobierno organizó un operativo para recuperar para sus propietarios las minas de Amayapampa y Capacirca, tomadas ilegalmente por los trabajadores, en esta acción murieron 11 mineros y un policía.
El 2002 se presentó a las elecciones y fue elegido para una segunda gestión que comenzó en agosto. Su triunfo en las Elecciones no fue suficiente para garantizar la gobernabilidad que trató de conseguir a través de pactos políticos con MIR, NFR y UCS. La crisis económica generó inestabilidad y su intento por ampliar las recaudaciones tributarias (que el pueblo llamó "Impuestazo") y el anuncio de vender el gas a través de puertos chilenos, ocasionaron dos levantamientos populares. "Febrero Negro" y "La Guerra del Gas" en octubre, que causaron 58 muertes en enfrentamientos callejeros, y que terminaron por derrocarlo. Renunció y huyó a los Estados Unidos. Está pendiente un juicio de responsabilidades que ya fue autorizado por los Poderes Legislativo y Judicial.
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